Paramilitarismo y empresas petroleras en el Casanare

{image}http://www.eldia.co/images/stories/071010/01.jpg{/image}La explotación petrolera en el Casanare ha estado acompañada de manipulación, violencia y negación de derechos fundamentales. En este contexto  realizan su trabajo empresas como BP, ECOPETROL y OCENSA. La USO nunca pudo hacer presencia directa debido a las amenazas paramilitares y a los señalamientos de los militares como lo evidencia la siguiente declaración… “En el Piedemonte  Llanero una  de las principales labores de la fuerza pública es vigilar a la Unión Sindical Obrera  -USO-. Según  Pedro Hernández, jefe del estado mayor de la XVIII Brigada en Julio de 1.997. “La  “vigilancia a la USO” esta contemplada entre las misiones principales que  tienen que desarrollar militares pertenecientes al departamento de inteligencia, conocido como la Brigada 20”. Dijo “hay que investigar a la USO para evitar que venda a la BP y a la OXY la idea de crear un sindicato”. (El Espectador, “Inteligencia militar antisindical en petroleras”.  20-7/97)

BP y las Relaciones de Poder en Colombia, Historia para no olvidar

La multinacional BP hace presencia en Colombia desde finales de la década de los 80, mediante un contrato de asociación para hacer explotación petrolera en el departamento del Casanare. Su poder político y económico los llevó a incidir en gobiernos de turno (Samper, Pastrana) para lograr eliminar de la Constitución Política de Colombia un artículo que garantizaba “la expropiación sin indemnización por razones de equidad”, porque consideraba que esto afectaba sus intereses en el negocio petrolero en Colombia. Una segunda muestra de este poder se expresa en la intención de modificar el contrato de asociación en lo referido al precio base que se acordó para el pago del precio del crudo, los campos producían: condensado (crudo muy liviano), gas y crudo.

La BP  negaba la presencia de condensado y su mayor valor en el mercado y pretendía que el precio base se tomara con referencia al gas, es decir el más bajo de los tres productos.  La otra incidencia la realizó para que se cambiara la modalidad de contratación petrolera en Colombia, hecho que ocurre un par de años después, con el famoso contrato de “Factor R” que se basaba en una fórmula matemática que relacionaba costo- beneficio en la inversión y que era de autonomía en el manejo de las cifras por parte de las empresas.

Estos hechos se denunciaron en su época por: Hugo Serrano Gómez Senador de la República, José Fernando Isaza miembro de la Junta Directiva de ECOPETROL, David Turbay Turbay Contralor General de Colombia, Margarita Mena de Quevedo Exministra de Minas y Energía.

BP y Seguridad

Otro tema preocupante que  ocurre en el marco de la existencia del conflicto armado interno de Colombia, es la relación entre los Grupos Paramilitares y la empresa BP. Estos grupos Paramilitares  la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dado como hecho probado sus vínculos directos con el estado colombiano en el marco de la política contrainsurgente, constituyéndose sus crímenes en crímenes de estado. La relación mencionada se infiere de:

•    Declaraciones de Fidel  Castaño, cofundador de las Autodefensas Unidas de Colombia  (AUC),  a la revista Semana en 1.994: “siempre los grupos de autodefensa han sido financiados por las personas que tienen intereses económicos en las zonas donde operan estos grupos.”.

•    En lo investigado y documentado por el profesor y periodista Inglés Michael Guillar en 1998 en el documental “Los Soldados Secretos de la BP”,  donde se  muestra la relación  existente entre mercenarios ingleses contratados por BP y la necesidad de los grupos de autodefensa para garantizar la seguridad en la zona de explotación, esto se realizó por medio de un contrato con la empresa de seguridad DSL y su filial en Colombia.

•    También, con la captura por parte de las autoridades colombianas de Héctor Buitrago, fundador de las AUTODEFENSAS CAMPESINAS DEL CASANARE, en artículos de la Fundación Ideas para la Paz y la revista SEMANA, publicados en el sitio Web “Veradadabierta.com” se cuenta:

“…Dos bandos paramilitares, creados supuestamente para combatir la guerrilla, se mataron entre sí por el control del narcotráfico, las regalías petroleras y miles de hectáreas de tierras en el Casanare. Su cruenta guerra, de la que aún hoy muy poco sabe el país, dejó tres mil víctimas, o quizás más, en apenas unos meses entre fines de 2003 y 2004…”

“…El poder de ‘los Buitragueños’ no se limitó a inventarse amenazas guerrilleras sino que, después de 1995 comenzaron, de manera sistemática, a apoderarse de tierras donde supuestamente existían yacimientos de petróleo o para desalojar campesinos de zonas aledañas a las zonas de exploración…”
“Desde Monterrey hasta Tauramena y Aguazul, llegaban a fincas y hatos ganaderos de una vez con las escrituras hechas y a nombre de otras personas…”

•    También se encuentran los testimonios de las víctimas y las investigaciones realizadas por defensores de Derechos Humanos.

ECOPETROL, OCENSA y las violaciones de DDHH en el Casanare

El 25 febrero de 2002 en Monterrey Casanare,  el secretario general de la Subdirectiva única del oleoducto,  Gilberto Edgar Torres  fue  secuestrado por paramilitares y después de 42 días fue entregado a una delegación de la cruz roja internacional.   Cabe resaltar que debido a la presión  que se  generó  nacional   e
internacionalmente por la gestión política y la movilización de la U.S.O.  se logró que los secuestradores le respetaran la vida, al compañero.

Por estos hechos el Comité de Solidaridad con los presos políticos y la Unión Sindical Obrera, entablaron denuncias contra el estado Colombiano para buscar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.  Actualmente nos encontramos en la fase de juzgamiento frente a los autores materiales y se han dado a conocer testimonios que llaman poderosamente la atención sobre la implementación de la guerra sucia para exterminar la organización sindical.

En la emisión de noticias uno del domingo  3 de octubre, se reveló que el secuestro del compañero Gilberto Edgar Torres en Monterrey en el departamento de Casanare en febrero del año 2002, fue realizado por el paramilitar Carlos Guzmán, conocido con el alias de Salomón  hombre cercano a Martín Llanos, comandante de las autodefensas de Casanare y  que dicho hecho se consumó por  orden de directivos locales de Ecopetrol y la multinacional petrolera OCENSA.

Elías Cárdenas, Fiscal de derechos humanos, leyó textualmente en el expediente del proceso con relación al compañero dirigente sindical Gilberto Edgar Torres Martínez: ¨era líder sindical en la región propendía por los intereses de los trabajadores como nos lo dicen los testigos últimamente escuchados en audiencia.  En estricto sentido era la piedra en el zapato para quienes se oponían a una concepción laboral distinta esa orientación filosófica propuesta por la USO, no era de aceptación por parte de ECOPETROL, como tampoco lo era de la empresa  que adicionalmente contrataba con ella OCENSA”.

De igual forma Eduardo Castillo, procurador judicial, resaltó entre otras cosas…”que extrañamente la presidencia de Ecopetrol desatendió una solicitud de protección que elevaba el señor Gilberto lo que indudablemente facilitó el accionar del paramilitarismo”.

No se puede catalogar como un hecho aislado el secuestro de  Gilberto Torres. El secuestro de Aury Sará Marrugo,  presidente de la U.S.O. Cartagena el 30 de noviembre y su posterior  asesinato  el 5 de diciembre de 2001,  el asesinato de Rafael Jaimes Torra,  tesorero de la subdirectiva de la U.S.O. Barrancabermeja el 20 de marzo de 2002,  fueron  hechos  ejecutados por paramilitares confesos que demuestran que hay una decisión de exterminar sistemáticamente a la dirigencia sindical, cuyo único delito es defender los derechos de los trabajadores y de las comunidades influenciadas por la explotación petrolera. Hay una gran verdad,  con estas violaciones de derechos humanos indefectiblemente se han beneficiado las empresas petroleras.

Política de DHH de ECOPETROL, una asimetría entre la teoría y la práctica

En Abril de 2009, ECOPETROL publicó un documento titulado “Política de Derechos Humanos”,  dicha política orienta y regula las actuaciones de la empresa en esa materia. Su alcance cobija en materia de respeto, protección y promoción, a todos los trabajadores y empresas vinculadas con  ECOPETROL. Desde ese mismo año la empresa viene haciendo énfasis en una categoría fundamental en la humanidad  “La Ética”.

Vale la pena preguntarse ¿de qué Derechos humanos y ética habla ECOPETROL?, esto porque ante los hechos y denuncias sobre vínculos de paramilitarismo y las entidades de seguridad de la empresa, la actitud ha sido cauta y en algunos casos cómplice.

Para que exista una coherencia entre la política y la práctica en DDHH, le solicitamos a ECOPETROL:

•    El cierre de las oficinas de seguridad de la empresa, por las denuncias que se tienen que en ellas se planearon y ordenaron graves violaciones de DDHH contra miembros de la USO.

•    Que se curse a la Fiscalía General de la Nación, la solicitud para que los archivos físicos y electrónicos se pongan en custodia judicial, siguiendo los protocolos necesarios y se surtan las investigaciones a que haya lugar para conocer la verdad.

•    Que se respeten los derechos universales como la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y se brinden todas las medias para que los hechos no se repitan.

Llamamos a todos los trabajadores de ECOPETROL, en especial a los afiliados al sindicato a no ser indiferentes ante las denuncias que se vienen haciendo, el olvido o negación de los hechos nos vuelven cómplices de los victimarios.

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