Administradores de ECP concertaban con paramilitares asesinatos de dirigentes de la USO

{image}http://www.eldia.co/images/stories/logos/uso.jpg{/image}En boletines anteriores la Comisión Nacional de DDHH y Paz de la USO, ha manifestado como en las versiones de justicia y paz, paramilitares confesos han aportado pruebas sobre los vínculos de funcionarios de ECOPETROL y el Estado colombiano con grupos de autodefensa para asesinar trabajadores sindicalizados.

 

Para recordar algunos de los hechos probados por la justicia colombiana recordemos el caso del asesinato del compañero Rafael Jaimes Torra, caso en el cual fueron condenados contratistas al servicio de ECOPETROL; también se probó en el caso de la masacre del 16 de mayo la participación del Departamento de Seguridad de ECOPETROL en los hechos.

Esta semana nuevamente el paramilitar Edilfredo Esquivel alias el “OSITO”, manifestó su responsabilidad material en el asesinato del compañero Felipe Mendoza dirigente de la USO Tibú. En sus declaraciones manifiesta, bajo gravedad de juramento, que ese asesinato fue concertado con funcionarios de la oficina de seguridad de ECOPETROL a cargo del señor Jorge Armando Montaño y con miembros de la policía de ese municipio. Administradores de ECOPETROL facilitaron que los paramilitares ingresaran al campo petrolero y permanecieran en él hasta que cometieron el asesinato, por su parte según el testigo, la policía facilitó la movilidad y solo exigió que el asesinato se hiciera fuera de Tibú.

De igual manera el fin de semana pasado en las instalaciones de la refinería de Barrancabermeja, la fiscalía detuvo a un jefe paramilitar de los rastrojos, quien laboraba para una de las empresas contratistas que adelantan trabajos al interior de las instalaciones de ECOPETROL.

En otros hechos, los coordinadores de planta de Mariquita y Fresno, Raúl Arguello y Humberto Sanabria respectivamente, el primero de ellos fue capturado y al segundo se le dictó orden de captura, están vinculados en un proceso de asociación con grupos paramilitares en el hurto de combustibles, esto según testimonios de alias “Pedro Pum Pum”. Por este caso la Administración despidió injustamente a cinco trabajadores, los cuales no han sido condenados por la justicia colombiana, mientras que a los citados directivos los protegió trasladándolos a la ciudad de Bogotá y facilitándoles su defensa ante  la justicia.

Como Comisión Nacional de DDHH de la USO, consideramos que en los archivos y oficinas de seguridad de ECOPETROL se encuentran muchas de las pruebas y explicaciones de los asesinatos de que ha sido objeto nuestra organización sindical. Los hechos conocidos no son aislados, tampoco son acciones de carácter personal, si no que comprometen al Estado colombiano y a la Administración de ECOPETROL como parte de una política para aniquilar a la organización sindical.

Los hechos citados anteriormente y la actitud de Administración ECOPETROL ante los mismos, no son dignos de una empresa que expresa tener una política de DDHH y un respeto integral a los convenios y tratados internacionales sobre esta temática. Es más, en los informes de sostenibilidad de los años 2009 y 2010, se consigna que las relaciones con los trabajadores son las mejores y el respeto a los derechos fundamentales es la guía de estas relaciones. Eso será creíble el día que se garantice y respeten los derechos laborales y democráticos, se conceda la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición.

Reiteramos la solicitud expresada en oportunidades anteriores por esta Comisión, que ECOPETROL cierre las dependencias de seguridad y entregue en custodia dichas instalaciones para que autoridades nacionales inicien una investigación a profundidad de las actuaciones de funcionarios y administradores de ECOPETROL, en los asesinatos de trabajadores. Que se establezca quien se benefició con esos asesinatos, quienes los determinaron y quienes lo financiaron.

También hacemos pública una solicitud hecha en espacios de discusión con la Administración de ECOPETROL y que no ha sido atendida, que se faciliten los medios para realizar un encuentro de víctimas y familiares de víctimas, de los trabajadores de ECOPETROL y empresas contratistas.

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