¿Cómo afectará el cambio del Sistema General de Participaciones a los maestros?

Este año se cumplen los términos del Acto Legislativo 04 del 2007, que ratificó el Acto Legislativo 01 del 2001 y que fijó una fórmula para el crecimiento anual del Sistema General de Participaciones. ¿Cuáles serán las consecuencias si se cambia a partir de este año?

Rosalba Bobadilla, coordinadora de la Comisión Jurídica de la ADE, presenta un balance del contexto que traerá consigo este cambio legislativo. Inicia por explicar que el Congreso de la República puede revisar por iniciativa propia cada cinco años la base de la liquidación del SGP.

Ahora bien, al comienzo del recuento están los artículos 356 y 357 del texto original de la Constitución Política. “El gobierno fijará los servicios a cargo de la Nación y de las entidades territoriales, y determinará el situado fiscal”, dice. El Situado Fiscal es un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación que se cede a los departamentos y distritos, o, a través de los municipios, para la atención directa de los servicios que prestan. Los recursos se destinan a financiar la salud y la educación.

El Situado Fiscal anualmente aumenta hasta llegar a un porcentaje de los ingresos corrientes de la Nación, que permiten atender adecuadamente los servicios destinados a este fin; se incorpora el IVA y todos los recursos que la Nación trasfiera directamente. El 15% del situado fiscal se distribuyó por partes iguales entre los departamentos y los distritos, el resto se asignó en proporción al número de usuarios actuales y potenciales.

La participación de los municipios era de: 14% en 1993 hasta llegar al 22% en el 2012; es decir, que los recursos para educación estaban constituidos por el situado fiscal, las participaciones de los municipios en los ingresos corrientes, por el Fondo Educativo de Compensación y por el Fondo de  Crédito Educativo.

La reforma de los decretos 356 y 357, por el Acto Legislativo 01 de 2001, crea el Sistema General de Participaciones de los departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas para la atención de los servicios a su cargo. El monto se incrementaría en un porcentaje igual al promedio de la variación porcentual que hayan tenido los ingresos corrientes de la nación durante los cuatro años anteriores. “Hay una gran diferencia entre el situado fiscal y este Sistema General de Participaciones”, anota Bobadilla.

Se estableció que durante los años comprendidos entre el 2002 y el 2008, el monto crecería en un porcentaje igual al de la tasa de inflación causada más un crecimiento adicional hasta el 2005 del 2%; y hasta el 2008, del 2.5%. Esta fue una medida de ajuste fiscal para pagos de los compromisos de amortización de los intereses y el capital de la deuda pública interna y externa. Hace parte del acuerdo del 22 de diciembre de 1999 con el Fondo Monetario Internacional.

Se propuso abolir los aportes constitucionales del Situado Fiscal y las trasferencias; disminuir la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la nación para la financiación de la educación y de la salud; flexibilización del manejo de los recursos por parte de los gobernadores y alcaldes; desapareció la obligación de los municipios de destinar el 30% de la participación de los ingresos corrientes en educación y salud; dejó sin base legal los ingresos provenientes del Estado para la universidad pública; “en fin, deja de ser un porcentaje, para transformarse en una suma fija”.

Cuáles fueron las consecuencias: desapareció el concepto de renta, cedida para la destinación específica, transformándose en una cifra fija; desapareció la Ley 60 del 93; se generó un problema salarial en la educación y la salud, puesto que con la participación de los municipios en los ingresos corrientes se pagaba a un gran número de maestros; los ajustes para escalafón quedaron desprovistos de recursos; bajó la calidad en los servicios de educación y salud.

Posteriormente, viene la reforma y el acto legislativo 04 del 2007. Con él se perpetúa el Acto Legislativo 01 de 2001, cuya transitoriedad se cumplía en el 2008. Entonces, se disminuyó el monto de los aportes en el SGP; hubo recentralización del poder ejecutivo en la asignación de los recursos, “es una medida de ajuste fiscal para acomodar el modelo neoliberal”; el recorte de las trasferencias se trasladó para el financiamiento de la guerra y de la deuda pública; recortaron en la inversión social; y se aplicó un desmonte gradual de la Constitución del 91.

Con la reforma de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, la educación ha dejado de percibir desde el 2001 a la fecha (2015) 87 billones de pesos. Eso se suma a las condiciones actuales por las repercusiones que traerán la caída de los precios del petróleo, el alza del dólar y todas las reformas neoliberales que proyecta el gobierno distrital, más el ajuste fiscal reflejado en las pensiones, en los salarios, el recorte de personal, entre otros.