Comunicado de prensa 2 de abril de 2016

Con relación a los comunicados de prensa emitidos por ECOPETROL S.A. el pasado 31 de marzo y el 2 de abril del presente año, ante la situación que se vive en el corregimiento El Centro, nos permitimos aclarar:

 

1. La UNIÓN SINDICAL OBRERA de la Industria del Petróleo, U.S.O. no hemos orientado vías de hecho, ni somos responsables del bloqueo de la bocatoma del campo 50 como se afirma en dichos comunicados.

2. La USO y la CUT firmaron junto con Ecopetrol, el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Minas y Energía, teniendo como garantes a representantes de la iglesia y del Concejo Municipal de Barrancabermeja, el 26 de mayo de 2004 un acta de acuerdo para levantar la huelga del mismo año que en uno de sus apartes dice: “para garantizar un mayor recobro de las reservas de los Campos de la Cira-Infantas y Casabe, la Empresa podrá hacer uso de las modalidades de contratación de servicios y/o inversión, que a su criterio sean las más convenientes. La operación y el mantenimiento de los Campos estarán a cargo de la Empresa hasta utilizar plenamente la capacidad de los equipos y mano de obra actualmente disponibles en los citados Campos. La infraestructura actual seguirá siendo de propiedad de ECOPETROL S.A.”

Por esta razón, tal y como como se podrá constatar en los archivos de los programas de subsuelo, teníamos varios equipos directos de varilleo y subsuelo, de propiedad de Ecopetrol, operando en la Cira-Infantas. En consecuencia los equipos directos de Ecopetrol pueden operar en los citados campos. Ya que la USO no ha hecho acuerdo alguno que diga lo contrario.

3. Ecopetrol y su socio en el proyecto la Cira-Infantas les deben responder a los trabajadores y proveedores por el pago de las obligaciones contraídas y que han sido incumplidas por algunas firmas contratistas como COLREGISTROS Y TPS.

Hacemos un llamado a Ecopetrol y a Occidental Andina, responsables del Proyecto Cira-Infantas para que restablezcan la totalidad de los contratos laborales que fueron suspendidos como quiera que les están generando graves perjuicios a los trabajadores, sus familias y a las comunidades.

Redactó: Junta Directiva Nacional, 2 de abril de 2016.

 

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