Declaración del Seminario Internacional contra la tercerización – 26 a 28 de julio de 2011

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{image}http://eldia.co/images/stories/logos/uso.jpg{/image}Las juntas directivas de los sindicatos miembros de la ICEM en Colombia, de organizaciones sindicales afiliadas a CTC, CGT y CUT, de sindicatos de América Latina y Europa, de Centros de Apoyo, organizaciones sociales y federaciones internacionales amigas articuladas al programa de unidad y solidaridad sindical del Programa País de la FNV Holanda –PPC-, reunidos en Bogotá – Colombia del 26 al 28 de julio de 2011, luego de abordar de manera sistemática el tema del combate contra la tercerización en los sectores de la minería, el vidrio, el papel, la energía, sector público, y otros sectores laborales a nivel local y global, declaran ante la opinión pública lo siguiente:

Como es común en Colombia y en el mundo globalizado, se reconoce un estado de cosas referente al agudo problema de la tercerización laboral, causante de la transgresión de derechos laborales que lindan con la directa violación de los derechos humanos, que comprende los siguientes elementos:

La política laboral de los gobiernos refleja el cumplimiento de las directrices de las multinacionales y/o empresas locales, desconoce la contratación laboral, irrespeta la dignidad en el trabajo, viola los derechos humanos, explota y menosprecia los recursos naturales, el medio ambiente y las comunidades.

Las condiciones laborales y sociales de los trabajadores tercerizados son paupérrimas, al percibir salarios por abajo del mínimo vital, ausencia de seguridad social, jornada laboral extendida sin retribución, violatoria del máximo permitido por la ley; sistemas de contratación por obra y labor a destajo por horas y una clara precarización de contratos de trabajo que muestran una cínica deslaboralización, fenómeno que respaldan los Estados de común acuerdo con las empresas transnacionales que operan en América Latina.

Las empresas que desarrollan actividades en estos sectores cuentan con  programas de responsabilidad social empresarial, sin embargo obligan de modo contractual a las empresas tercerizadoras a asumir dicha responsabilidad social, por lo que terminan colocando a un alto porcentaje de sus  trabajadores en condiciones de alta accidentalidad y morbilidad por falta de programas de seguridad industrial. 

Los gobiernos son irresponsables al permitir los atropellos en materia de tercerización. La situación jurídica de la región es heterogénea y dispar, al existir reformas y leyes en unos países de América Latina, como Uruguay, Ecuador, Argentina y Perú, de adelantos significativos en pro de los trabajadores tercerizados, mientras que en países como Colombia no existe una estructura jurídica seria que elimine la tercerización o medianamente la regule.

Las prácticas de tercerización apuntan seriamente a violentar el derecho de asociación y eliminar las organizaciones sindicales. En todos los países la tercerización es utilizada para reducir costos y mejorar la competitividad de las empresas.

Ante las paupérrimas condiciones laborales e irrespeto por los derechos sindicales, manifestamos nuestro apoyo estratégico para hacer frente y acabar con las formas de tercerización que como vimos hace 28 años en el Guavio, provocan la muerte y abandono de los trabajadores por parte del Estado y los empleadores.

En la actualidad. Nuestra organización sindical USO y Sintracarbón, así como muchas otras de todos los sectores, nos encontramos en conflicto con empresas tercerizadoras por la dignidad y los derechos vitales de los trabajadores, quienes merecen nuestra atención y solidaridad.

Siendo así, la tercerización se convierte en un modo de super-explotación y en una forma moderna de esclavitud. No obstante, se debe tener en cuenta que en la región existen casos y contextos particulares que demandan diferentes estrategias, determinamos como propuestas de solución específica al caso colombiano y a los países donde aplique, lo siguiente: Rechazar el modelo de tercerización implementado en la Región por parte de los gobiernos y las empresas, Proponer la presentación de proyectos de ley que eliminen y prohíban la tercerización.

Generar conciencia de los efectos negativos de la tercerización laboral. Impulsar la unidad y solidaridad entre los sindicatos y las centrales nacionales como requisito para combatir la tercerización.
Fomentar un acuerdo marco con los gobiernos que permita el desarrollo del derecho de asociación en todas las empresas.

Desarrollar una campaña internacional y nacional en contra de la tercerización, para lo cual se hará uso de las tecnologías de información y medios de comunicación existentes.

Crear de manera conjunta garantías para que a los trabajadores tercerizados se les aplique de manera integral la legislación laboral en el marco de los principios de igualdad, equidad y justicia.
Crear un comité conformado por gobiernos, empresarios, sindicatos y federaciones internacionales de los trabajadores, que hagan seguimiento al desarrollo de la contratación laboral.

Presentar para el caso colombiano una estrategia jurídica que entre otras iniciativas impulse una legislación en contra de esta forma de contratación salvaje y mediante una consulta popular se garantice un espacio de discusión y retroalimentación entre los miembros del Congreso, el Gobierno, e instituciones públicas y privadas interesadas en combatir la tercerización laboral, para que participen y conozcan la propuesta. Sharan Burrow, Secretaria General de la Confederación Sindical Internacional (CSI), y Víctor Báez, Secretario General   de la Confederación Sindical de las Américas (CSA), de visita en Colombia, aseguraron que en nuestro país subsiste el déficit de trabajo decente y no se ha logrado poner en práctica los compromisos con el gobierno de Estados Unidos y la Misión de Alto Nivel de la OIT.

En nuestro país se reunieron con los comités ejecutivos de las     tres centrales sindicales: CGT, CTC y CUT.

Sharan Burrow, cabeza de la mayor confederación sindical del mundo, la CSI, que agrupa a 175 millones de trabajadores y trabajadoras, y visita a Colombia por primera vez, se mostró sorprendida por la mala situación de los derechos laborales en nuestro país. “Queremos ver protección social para todo aquel que trabaja; queremos que haya un salario mínimo del cual las personas puedan vivir; derecho a la negociación colectiva y una garantía real de la libertad a la asociación. Queremos también que haya trabajos decentes ‘verdes`, que haya producción de energía limpia y una infraestructura que permita a los países de Latinoamérica caminar hacia una revolución económica ambiental”, afirmó.

Para la Secretaria General de la CSI, “En Colombia primero debemos lograr que se garanticen los derechos a la asociación y negociación, y que se creen sindicatos sin ningún obstáculo, especialmente para evitar que las multinacionales sigan pasando por encima de éstos.  Aquí no habrá desarrollo sostenible sin derechos, sin acuerdos colectivos, sin un movimiento sindical que represente realmente a los trabajadores”, puntualizó.

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