El espejismo de Marmato

{image}http://imagen.eldia.co/cache/logos/uso_595.jpg{/image}La Pintada, sobre el río Cauca, es a Medellín lo que Melgar es a Bogotá: un veraneadero en el que la chancleta es reina. Es, además, un paradero de camiones donde los choferes almuerzan o desayunan con una gigantesca bandeja de fríjoles con garra, bagre en salsa o chuleta de cerdo. Es un pueblo ruidoso, caliente y agitado. La Policía y el Ejército dan vueltas en motocicleta como murciélagos. El río corre encajonado. A la orilla de la carretera crecen samanes y palmeras.

Veinticinco kilómetros al sur de La Pintada se desprende el ramal para Marmato, la legendaria mina de oro explotada por los conquistadores españoles, que los indígenas cartama ya trabajaban. A comienzos del siglo XIX, con el fin de garantizar el cubrimiento de los empréstitos hechos a Inglaterra para pagar las guerras de Independencia, Colombia empeñó las minas de Marmato y Supía a la Casa Goldschmidt. Al finalizar la Guerra de los Mil Días, uno de los vencedores, el general Reyes, otorgó a su copartidario el general Vázquez Cobo la propiedad sobre los yacimientos, que poco después traspasó a la Western Sindicate Limited, y ésta, a su vez, los transfirió a la Colombian Mining Exploration Co. En 1936, el gobierno tomó la decisión de arrendar el emporio a empresas nacionales.

La carretera continúa —rigurosamente pavimentada y señalizada— hasta un pueblo en construcción llamado El Llano, a donde el gobierno y la compañía están empeñados en trasladar los 1.200 habitantes que viven en el casco urbano de Marmato, situado unos cinco kilómetros más arriba, en las estribaciones de la llamada Montaña de Oro o Cerro del Burro. En El Llano, que fue un caserío de tejas de barro y paredes de bahareque, se construyen hoy un hospital de primera categoría, una gran concentración escolar y un cuartel militar; se pavimentan sus calles y se levantan urbanizaciones de la noche a la mañana.

¿Zona de alto riesgo? Por el centro del pueblo corre un fluido de barro espeso y gris, producto de la cianuración del material aurífero, que envenenado desemboca en el río Cauca. A la salida hacia Marmato está ubicada la sede de la compañía Medoro Resources: planta de beneficio, presa de colas, depósito de estériles, laguna de almacenamiento de aguas, depósito de suelos, talleres, piscinas deportivas, edificaciones administrativas, casinos, campamentos de obreros y residencias de técnicos. Un clásico enclave cercado, enmallado y protegido por guardias armados y perros embozalados.

Muy pronto sólo hasta ahí llegará la carretera pavimentada. Desde allí también se observa el Cerro del Burro, que esconde en sus entrañas 9,8 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata, causa del gran conflicto que vive la región. El municipio de Marmato tenía en 2008, según el DANE, 9.164 habitantes: el 57% de raza y cultura negra; el 18% indígena y el 25% entre blanca, mestiza y mulata.

El Gobierno argumenta que el poblado está en zona de alto riesgo, una calificación legal que haría obligatorio su traslado; la compañía orquesta la tesis, aunque todo el mundo sabe —dice Pioquinto— que la razón es diferente: explotar las minas a cielo abierto. En 2006 hubo un deslizamiento de tierra que comprometió 92 casas, la Alcaldía, el hospital y el cuartel de Policía. Corpocaldas declaró, sin embargo, que el riesgo es mitigable.

Por encima de caminos y molinos pasa una red de cuerdas en distintas direcciones que lleva energía a los subterráneos para alumbrarlos o para mover los taladros eléctricos; en el mismo espacio se cruzan cables de acero elevados por donde corren canastillas con mineral en bruto, a una velocidad meteórica.

Hoy el panorama es desolador. La pequeña plaza triangular, enmarcada por una antigua y venerable edificación donde funcionaba la Alcaldía, está deshabitada; en una contigua, no menos bella, había tiendas, compras de oro y bares; hoy sobrevive una panadería solitaria. Uno de los entables mineros en construcción que pertenece al alcalde. Frente a esta nueva planta funciona un gran molino con mesas separadoras, bodegas, talleres, oficinas de compra de oro, voluminosos tanques de cianuración, todo también de propiedad del burgomaestre.

El debate de las dos zonas; la Zona Alta y la Zona Baja de la Montaña de Oro, división que requiere una explicación particular. En 1946, Ospina Pérez firmó la Ley 66, que divide la rica formación en una zona alta, reservada a la pequeña minería, y una zona baja, dedicada a la mediana. En 1954, por Decreto legislativo 2223, se mantuvo la zona alta para la pequeña y la mediana, pero la zona baja se reservó para la minería empresarial. En 1970 la administración de la zona de arriba corrió por cuenta de la Empresa Colombiana de Minas (Ecominas). Apoyándose en el Código Minero, el Comité Cívico sostiene que Medoro no tiene derecho a expropiar a quienes después de seis meses ocupan pacíficamente minas clausuradas sin razón y para terminar de confundir el cuadro de los derechos de propiedad y posesión —una estrategia calculada—, Mineros de Caldas vendió sus derechos a la Colombian Goldfields, y ésta, a su vez, los negoció con la Medoro Resources, una de las más grandes compañías auríferas del mundo, empresa canadiense cuyos tentáculos llegan hasta la Pacific Rubiales. Esta pretende justificar la explotación a cielo abierto que movería unas 50.000 toneladas de mineral en bruto para sacar de ellas 250.000 onzas troy de oro anuales. En el mercado internacional —el mundo entero— costarían US$500 millones. El Rey Midas en acción.

Como es obvio, semejante cantidad de riqueza no podría ser totalmente aprovechada sino mediante la explotación del recurso a cielo abierto. Pero “la minería a cielo abierto emplea grandes cantidades de cianuro y como parte del proceso se cavan cráteres hasta de 150 hectáreas de extensión y 500 metros de profundidad. La cantidad de agua utilizada puede superar la consumida en un día por una población de 600.000 habitantes”.

El conflicto por la tierra; El enfrentamiento no tardó: en mayo de 2006 se presentaron en Marmato agentes de las empresas protegidos por la Fuerza Pública y si la cosa no terminó en un bochinche fue porque se metieron el cura y el Comité Cívico Pro defensa de Marmato. Juan Manuel Peláez, el gerente de Medoro Resource, declaró a La Patria de Manizales en 2009: “Buscamos probar reservas para hacer explotación a gran escala y para eso necesitamos el pueblo. Tenemos los US$30 millones que cuesta el plan exploratorio y los US$20 millones que costaría el reasentamiento”.

La explotación a cielo abierto y el traslado del pueblo, argumenta el Comité Cívico Prodefensa de Marmato, obligan a una consulta previa. Agrega el comité que Marmato fue declarado patrimonio histórico de la nación y por tanto el pueblo no puede ser objeto de reasentamiento.
En junio de 2010 la población se declaró en paro cívico y pacífico contra la compañía Medoro. El Gobierno reaccionó enviando un escuadrón de policía que fue rápidamente bloqueado por 300 mineros dispuestos a un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. La dinamita es su pan de cada día. Fue el principio de una larga lucha contra la locomotora que podría terminar tragándose entero el cerro. El 21 de enero pasado los mineros organizaron un mitin para protestar contra la restricción de la venta de dinamita a los guacheros o pequeños mineros, lo que obliga a la fabricación artesanal de pólvora blanca, la confiscación de madera para el apuntalamiento de los túneles y el traslado a El Llano (la Nueva Marmato) de la Registraduría y del Banco Agrario. El Gobierno envió de nuevo a la Fuerza Pública. En mayo hubo una masiva protesta de 4.000 personas desde la carretera hasta el pueblo contra los proyectos que desarrolla la compañía y que el Gobierno apoya con marginales y volátiles condiciones como la de respetar el medio ambiente y no atropellar a los trabajadores.

Justamente en esos días fue cuando el cura párroco de Marmato, JOSÉ REINEL RESTREPO, declaró que lo sacarían muerto del pueblo y que si el Gobierno o la compañía apelaban a la violencia, era lícito responder de la misma manera. El sacerdote apareció muerto con dos tiros en la espalda el 3 de septiembre de 2011 en la vía que conduce de Guática a Belén de Umbría. La Policía no ha descartado ninguna hipótesis y ofrece una recompensa de $20 millones por información sobre los responsables.

Por Alfredo Molano; Reproduce: Junta Directiva Nacional USO – 10 de Septiembre de 2012.

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