El paramilitarismo existe, persiste y el gobierno lo está favoreciendo

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“Lo que está pasando con el paramilitarismo es que el gobierno y el Ministerio de la Defensa lo niegan, el Ejército dice que no tiene facultades legales y constitucionales para combatirlo, la Fiscalía no investiga lo suficiente, la procuraduría no hace nada y hay toda una connivencia”.

Esta fue una de las conclusiones que surgió del foro ‘Persistencia del Paramilitarismo. Sin garantías no hay paz sostenible’, que se desarrolló el pasado 15 de abril en Congreso de la República, convocado por diferentes organizaciones, como el Movice, Marcha Patriótica, CREDHOS, ACEU, entre otras.

Las palabras anteriores son del Representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe. En Colombia se estima que hay presencia de grupos paramilitares en más de 338 municipios del país. Especialmente en 160 municipios que están priorizados para la restitución de tierras, estos grupos se han sido microfocalizados y se están oponiendo a este proceso.

“Es evidente el ataque al proceso de paz y siguen presente, porque cometen el 69% de los asesinatos contra líderes populares y de restitución de tierras, indígenas y de la oposición política, sindical. El gobierno no puede decir simplemente que no existen y no hacer absolutamente nada”, insistió el representante Uribe.

Reveló que está pendiente hacerse pública una estrategia que se está negociando con las Farc del desmonte de los paramilitares. “Aquí estamos hablando que hay que sacar las armas de la política y eso implica sacar las armas para la izquierda, para el centro, para la derecha, que nadie haga política con armas; eso implica atacar la parapolítica, la paraeconomía y los vínculos de estos grupos con la fuerza pública. Esto puede ser un obstáculo. Nosotros estamos reclamando que haya un monopolio de las armas en cabeza del Estado para que las armas no estén en manos ni de las Farc, ni del ELN, ni de estos grupos paramilitares”.

El procurador ha enviado cifras de 519 investigaciones de casos de funcionarios públicos con vínculos con paramilitares. El problema es que las investigaciones no avanzan, muchas están en preliminares y otras, hasta se encuentran archivadas.

“Uno no ve realmente al Procurador haciendo acciones concretas para romper esos vínculos que hay con autoridades políticas o militares o de policía. En cambio uno sí ve al procurador atacando la restitución de tierras, poniéndose del lado de los victimarios y en contra de las víctimas. Eso nunca se había visto en Colombia”, puntualizó el representante.