La legislación del estado colombiano y el aparato de justicia al servicio de las empresas petroleras

{image}http://imagen.eldia.co/cache/logos/uso_595.jpg{/image}En los territorios las comunidades, dueños de los predios en las zonas de importante prospectiva hidrocarburífera, áreas sobre las cuales se otorgan  concesiones y licencias ambientales para la exploración y explotación petrolera a empresa extranjeras con todos los derechos y pocas obligaciones , muchas de las cuales sin un soporte económico, administrativo y técnico sensato, que posibilite un manejo social y ambientalmente responsable, pero que en realidad son chupasangre, a esas comunidades, hoy no les está quedando otro derecho que el de soportar los abusos de las empresas a quienes se les asignan los bloque correspondientes.

Y esto es así, porque la ley 1274 de 2009, por la cual se establece el procedimiento de avalúo para las servidumbres petroleras, les ha dado patente de corso para hacer en las áreas que les son asignadas lo que les provoque, sin importar los daños ambientales, los graves perjuicios a las comunidades en sus economías, su cultura y los daños a sus centenarias fundaciones; parece que el criterio de la ley fuera simplemente, “el que daña paga”, mientras que aspectos inherentes al ser humano pasan son secundarios, tal vez ello sea así para el gobierno y las petroleras, pero no para las comunidades que padecen los rigores de las intervenciones abusivas de la petroleras, los cuales tienen dignidad, criterio político, cultural, ambiental y social con mayor valía que las miserables dádivas de las petroleras.

El criterio capitalista sobre el derecho de propiedad, según el cual, éste es un derecho fuertemente protegido y otorga a los individuos el derecho exclusivo a usar sus recursos como ellos deseen y ese dominio les proporciona facultades a su titular para usar, gozar, explotar y disponer de ella, siempre y cuando a través de su uso se realicen las funciones sociales y ecológicas que le son propias de emplear sus recursos de una determinada manera, es un mero espejismo para las comunidades, quienes pese a ejercer el dominio sobre los predios y establecer formas de equilibrio ambiental sobre sus territorios, además de propiciar para la sociedad fuentes de sostenibilidad económica y cultural para sus regiones, las mismas leyes del Estado tornan nugatorio ese derecho, bajo el supuesto legal de que la industria de los hidrocarburos está declarada de utilidad pública en sus ramos de exploración, producción, transporte, refinación y distribución, precepto bajo el cual, los predios deberán soportar todas las servidumbres legales que sean necesarias para realizar las actividades de exploración, producción y transporte de los hidrocarburos. Es decir, el propietario no puede negarse a las pretensiones de las petroleras, so pena de sufrir la imposición ordenada por la jurisdicción, la cual, por mandato de la ley es puesta al servicio de estas empresas.

En un proceso súper ágil y despejado de las trabas normales del proceso, los dueños de predios, poseedores o tenedores son presa fácil de las petroleras, pues éstas solo requieren informar por escrito al propietario, poseedor u ocupante de la necesidad de ocupar los predios en una determinada área y por un tiempo determinado, para que este acceda a otorgar los permisos y presentar el documento que los acredita como tal y proponer el monto de la indemnización, lo cual se entenderá realizado con la entrega del escrito al afectado y al ministerio público (personero o defensor) según el caso, con lo cual se comienza a contar el plazo de 20 días para realizar la negociación directa con el o los propietarios, al cabo del cual se dejarán las constancias del caso con el valor máximo ofrecido, si el afectado no firma el acta, la empresa dejará constancia en el ministerio público.

La ley solo habla de dinero, que es, con lo que las petroleras compran casi todo lo que quieren y olvida referirse a lo que es de interés de las comunidades: medio ambiente, bienestar social, protección de los causes, su cultura y su sociedad, etc.

Así, si no hay acuerdo en lo “monetario”, allí, como se dijo los demás temas están vedados para las comunidades, o incluso sin haberse surtido el aviso, que arriba se mencionó, cuando no se ha encontrado al propietario para entregar el aviso, la petrolera puede presentar ante el Juez Civil Municipal de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el inmueble, la solicitud del avalúo de los perjuicios con lo cual se debe aportar los certificado, títulos que acrediten su existencia y les confiere el derecho de explorar, señalar la ubicación del predio, el área a ocupar, descripción del predio y sus mejoras y las zonas de afectación, constancia del aviso o prueba de la imposibilidad de su entrega (constancia ministerio público), descripción de las actividades, identificación de los afectados y el lugar para su notificación, el recibo de consignación a órdenes del juzgado de la suma correspondiente al valor del avalúo comercial realizado por el Instituto Agustín Codazzi o por un profesional adscrito a una agremiación de lonja de la jurisdicción del predio debidamente reconocida, como depósito judicial a favor del afectado y copia del acta de negociación.

Por otro lado, el trámite de la solicitud de las petroleras en contra de los afectados, es como se dijo expedito:

Aunque el dictamen pericial se puede controvertir (lo económico) y revisar, como se ha podido mirar, las empresas pueden hacer ocupación de los predios de inmediato, es posible, pensar que las intervenciones y afectaciones a los predios puedan haber terminado, sin haberse decidido el dictamen pericial, en el sentido que, rendido el dictamen y tramitadas las respectivas objeciones, el Juez deberá resolver definitivamente sobre el avalúo solicitado en el término de diez (10) días, lo que pudiera ser quizá más de un mes después de haber iniciado las obras de intervención y afectación de los predios.

Con este trámite, con cara gana la petrolera y con sello pierden los afectados. El propietario no tiene alternativa legal para defenderse de los atropellos de las petroleras, ellas entran o entran, pero por si esto fuera poco, si los afectados u opositores dueños de los predios hacen resistencia practica para evitar la ocupación de las tierras por las empresas, estas adoptan medidas, que de resultar positivas, se pueden quedar con los predios ocupados por ellos, como es el ejercicio de demandas ordinarias por responsabilidad civil extracontractual.

Un caso que ilustra lo antes señalado, es el proceso que con ese fin ha iniciado la empresa LOH ENERGY SUCURSAL COLOMBIA, contratista al servicio de la empresa GLOBAL LLANOS 18, a quien se le adjudicó el bloque denominado llanos 18, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo – Casanare.

La empresa como requisito de procedibilidad para interponer la demanda solicitó la comparecencia de la familia Romero a un proceso de conciliación de reconocimiento y pago de perjuicios por el valor de CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL ($4´699.712) PESOS, lo cual desde todo punto de vista es indignante, cuando los predios no alcanzan a tener un valor de MIL MILLONES. Si interpuesta la demanda y llegare a salir a favor de la empresa, los propietarios tendrán seguramente, que entregarle el predio a las petroleras y quedarle debiendo el resto, para lo cual, tendrán que dejar como herencia a sus nuevas generaciones de descendientes la deuda insoluta de sus padres y abuelos.

La unión sindical obrera repudia la ley de servidumbres del Estado colombiano y la grosera y escandalosa conducta de las petroleras que se atrincheran en las amplias facultades que les ha otorgado el Estado colombiano en contra de sus gobernados y demanda de parte del ejecutivo y legislativo un cambio sustancial a la política petrolera y de tierras impuesta que le han impuesto a la sociedad. A sí mismo,  demanda de las empresas petroleras y la complaciente ANH, que terminen con los abusos de las empresas petroleras en el país contra los intereses más sentidos de las comunidades.

LA USO 89 AÑOS DE EXISTENCIA Y DE LUCHA SOSTENIDA POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES Y LAS COMUNIDADES.

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