Nuevas amenazas contra dirigente Nacional de la Uso

{image}http://imagen.eldia.co/cache/logos/uso_595.jpg{/image}Antecedentes:

1.    Desde el año 2010 en la Altillanura (Casanare, Meta, Arauca) se vienen desarrollando acciones de masas de trabajadores y comunidades petroleras exigiendo garantías laborales y condiciones de vida digna en las regiones petroleras.
2.    Durante estos procesos se han presentado permanentes amenazas contra las comunidades y los dirigentes sindicales que han acompañado estos procesos.
3.    En el departamento de Arauca se adelantan los trabajos de construcción del oleoducto Bicentenario, consorcio que representa los intereses de empresas como ECOPETROL, PACIFIC-RUBIALES, PETROMINERALES, HOCOL, entre otras, alrededor de dicho proyecto se han venido hechos de orden público que hemos venido denunciando.
Hechos:

En el municipio de TAME, se recibió denuncia de amenazas de muerte proferidas por alias “EL Mocho”, antiguo miembro del grupo paramilitar Vencedores del Arauca, hoy día miembro de la Águilas Negras, el mencionado paramilitar manifestó que tenían la orden expresa de asesinar al periodista ALVARO PEREZ GARCIA, de RCN, a FELIZ BATA de la Asociación de Víctimas de la violencia paramilitar del Arauca, al señor PEDRO JULIO QUINTERO y a OSCAR GARCÍA dirigente Nacional de la USO, según el paramilitar estas personas son obstáculos para afianzarse en la zona nuevamente y llevar a cabo su cometido.

De estos hechos conocen las autoridades de policía de TAME, se denuncio hasta el sitio donde se hospedan, las amenazas permanentes en el municipio, dichas autoridades hasta el momento no han actuado de acuerdo a su mandato constitucional.

Solicitudes y Responsabilidades:

•       Solicitamos a las autoridades judiciales y de policía se realicen las investigaciones necesarias para  judicializar a los responsables de estas amenazas.

•       Responsabilizamos al estado colombiano por su negligencia y actuación tardía en prevenir agresiones y atentados contra nuestro sindicato.

•       Solicitamos a las organizaciones de DDHH y sindicales nacionales e internacionales, rechazar estos hechos y solicitar al gobierno nacional  responda por la seguridad de los miembros de la USO y las comunidades petroleras de la región.

COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS.

JUNTA DIRECTIVA USO NACIONAL